¿Libertad de prensa o de empresa?

Es libre la emisión del pensamiento sin licencia ni censura previa.

A partir de la primera gran Revolución Industrial de fines del siglo XVIII, la sociedad mundial ha estado cada vez más inmersa en una gama de relaciones productivas que demandan, por un lado, mejores satisfactores humanos; y, por otro, mayor complejidad en los procesos de producción y distribución de los bienes y servicios.

Esta complejidad humana se ve reflejada también en los procesos de comunicación que se utilizan para llevar el mensaje a grandes colectividades que necesitan estar informadas de lo que acontece a su alrededor. En este sentido, la información que reciben se transforma en un bien de vital importancia, sin el cual sería muy precaria la vida en sociedad.

Y tal como sucedió en otros ámbitos de la producción, la cada vez creciente sociedad industrial fue incorporando una serie de reglas que le han permitido su continuo desarrollo hasta los niveles que hoy tenemos en el ámbito mundial. 

Leyes, acuerdos, tratados y convenios, son algunas herramientas que en todo el orbe garantizan que puedan establecerse relaciones de sostenibilidad en todos los aspectos de la vida. Bajo esta lógica mercantil, la prensa ha montado una plataforma mundial integrada por un andamiaje jurídico, político y económico, cuya cabeza visible son las innumerables instituciones nacionales y mundiales que se dedican a “defender” los intereses de los medios de comunicación, a tal grado que su poder ha alcanzado las más altas esferas de organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras.

Todas estas instituciones han orquestado un solo discurso que legitima los intereses económicos y políticos de la gran prensa. Han elevado a la categoría de derecho inalienable, la potestad de informar, principio sin el cual, sostienen, no sería posible la vida democrática. 

Ahora bien, dicho principio tiene también una extensión que queda oculta en cualquier declaración de prensa: el derecho de informar pero también de ser informado con veracidad, ética, objetividad y responsabilidad social. Esta es precisamente la necesidad social que algunos medios de comunicación eluden, bajo el pretexto, en Guatemala que “es libre la emisión del pensamiento sin licencia ni censura previa”.

De tal manera que esta libertad de prensa, garantizada en la mayoría de constituciones de los países democráticos, es más bien, manejada como libertad de empresa, en cuyo caso, se enmascara un principio de alcance universal -el derecho de informar y ser informado- por el afán de convertir a la información en un mero producto mercantil.