viernes, 26 de agosto de 2016

PÉRDIDA DE CIUDADANÍA

Publicado en el Diario de Centro América el 26 de agosto de 2016


Esta razón ha llevado a muchas personas de la tercera edad a padecer de profunda depresión y en casos extremos a quitarse la vida.

En Guatemala hay dos tipos de ciudadanía: los ciudadanos plenos y los ciudadanos a medias. Los primeros son aquellos que gozan de todos sus derechos y deberes constitucionales. Los segundos, mediante subterfugios legales y prácticas insanas han perdido ciertos derechos, tal es el caso de los adultos mayores.

Llegar a 65 años en nuestro país significa resignarse a que ciertos derechos se le nieguen y pasar a condición de lo que eufemísticamente se le llama “clases pasivas”. Disminuidos en su salud física, después de haber acumulado una enorme cantidad de años de trabajo y contribución al estado, los adultos mayores tienen que sufrir el denigrante trato de no ser aceptados o hacerlo a medias, en diferentes actividades.

En los puestos de trabajo no tienen cabida en la mayoría de casos. Lo siento mucho, usted ya no califica para el puesto. En las instituciones financieras ya no son sujetos de crédito. ¿La razón? Tener 65 años y aunque quieran hipotecar una propiedad para obtener un préstamo, a riesgo de perderla, las ventanillas están cerradas. Si la consulta se hace vía telefónica, al otro lado de la línea responderá un empleado con tono de indiferencia, siguiendo el patrón de la exclusión, que ya no es sujeto de crédito debido a su “avanzada edad”.

A los ancianos de escasos recursos el panorama no les pinta nada bien. En muchos casos la propia familia los abandona a su suerte, desechados como un mueble viejo, inservible. Y no digamos aquellos que padecen alguna enfermedad que no les permite valerse por sus propios medios. Existen muchas denuncias sobre el mal trato que algunos choferes dan a los ancianos cuando presentan su carnet para viajar sin costo en el transporte público.

¡Y qué decir del calvario que a diario sufren en las instituciones de servicio público! Para muestra, basta con acercarse a centros de salud como el IGSS y los hospitales públicos para darse cuenta de los cientos de ancianos que demandan ser atendidos sin resultados positivos. Pareciera que llegar a 65 años es el camino sin retorno a dejar de vivir una vida ciudadana plena, o al menos, reclamar todos los derechos vigentes en la Constitución de la República y en los tratados internacionales.

El sistema se encargará de expulsarlo y descartarlo como pieza laboral, orillándolo, por acción u omisión, a sentir que ya no es útil a la sociedad, y a veces, que ya no es útil a la vida misma. Esta razón ha llevado a muchas personas de la tercera edad a padecer de profunda depresión y en casos extremos a quitarse la vida.


Somos una sociedad insensible que ha perdido la capacidad de ser solidaria. No sé dónde perdimos el rumbo. Recuerdo aquellos años donde los ancianos eran el epicentro del hogar. Alrededor de ellos transcurría la vida familiar, y no por medios autoritarios sino porque inspiraban lo mejor de las relaciones de afecto. Dichosos aquellos hogares que aún mantienen esta filosofía del amor y ven en un anciano, la oportunidad para obtener conocimiento y experiencia de vida.

viernes, 19 de agosto de 2016

¿Reducción de penas?

Publicado en el Diario de Centro América el 19 de agosto de 2016


“Cometa delito hoy y cobre su 50 por ciento de reducción de pena. ¡Anímese, solo le costará 10 o 15 años!”.

No soy abogado, solo soy un ciudadano común que a diario sale a la calle a ganarse el pan con las escasas herramientas que me lo permiten. Por lo tanto, no tiene ningún sustento jurídico la opinión que a continuación emitiré en este espacio periodístico.

Hace pocos días salió a luz las declaraciones de funcionarios públicos, diputados y algunos analistas respecto al proyecto de ley que contempla la reducción de penas de manera general, con el propósito de descongestionar las cárceles del país. Tal extremo, abarca incluso a aquellos cuyos delitos devienen en altas penas como por ejemplo, asesinatos, violaciones, extorsiones, narcotraficantes y un rosario de actos de lesa humanidad, me parece desproporcionado y francamente falto de visión integral.

En el marco de esas enmiendas cualquier persona altamente peligrosa puede cometer un delito a sabiendas que, si bien le va, será condenado pero que al mismo tiempo, como sucede en las ofertas de supermercado, le harán el respectivo descuento del 50 por ciento, qué tal. Ya me parece ver en los juzgados, en las oficinas públicas e incluso en las calles, el letrero que diga: “Cometa delito hoy y cobre su 50 por ciento de reducción de pena. ¡Anímese, solo le costará 10 o 15 años!”

Es legítima la preocupación por descongestionar las cárceles del país. Sin embargo, esto está ligado a factores tan desastrosos como el hecho de que existen reos con varios años de haber cumplido la pena y sin embargo aún permanecen en cautiverio por falta de una orden de juez. Otros, cuyo caso no ha llegado a los tribunales, o cuyo expediente simplemente se extravió. Se sabe que, incluso, existen algunos que no figuran en las nóminas oficiales del Sistema Penitenciario pero que sin embargo, existen físicamente.

Sumado a estos factores también se da la ya manida costumbre de los jueces de enviar a prisión preventiva a cualquier mortal que es llevado ante su presencia, por “peligro de fuga”. ¿No es esto un exceso de la administración de justicia? Es obvio que si cualquier imputado es llevado a las cárceles, el hacinamiento y virtual colapso de estos centros sea una realidad.

Considero que el camino de descongestionar los centros carcelarios por la vía de la reducción de penas envía un mensaje contraproducente a quienes cometen delitos, y sobre todo, delitos graves. Por más que se diga que esta manera de administrar justicia es moderna y se aplica en sociedades como la norteamericana, para el caso de Guatemala, donde a diario se siembra la violencia, la extorsión, el asesinato, el tráfico intenso de drogas, simplemente estaría dando un mensaje de aliento a quienes están al margen de lay, en perjuicio del ciudadano honrado.


Considero que debe mejorarse el sistema de administración de justicia para hacer más expeditos los procesos, rentabilizar mejor los recursos asignados a mantener todo el Sistema Penitenciario, hacer uso selectivo de la vieja y retorcida costumbre de enviar a todo mundo al tambo por peligro de fuga  ¿no le parece?