CÓDIGO ROJO

Publicado en el Diario de Centro América el 3 de febrero

A decir verdad, con algunos excesos o con decisiones a medias, el sistema jurídico y de justicia del país está hoy mejor que nunca.

Las jornadas ciudadanas por la recuperación de la dignidad realizadas en el 2015, marcaron, sin duda, un antes y después en la vida nacional. Superada la algarabía que provocó la renuncia y posterior captura de los principales cabezas de gobierno del Partido Patriota, poco se ha dicho sobre la trascendencia de dicho movimiento.

Lo cierto es que la vida de los políticos y funcionarios ya no es la misma. Se ha cernido sobre ellos un alter ego colectivo que les recuerda a cada rato lo bueno o malo de sus actos. Y junto a este, una trama de acciones y reacciones ciudadanas llevadas a las instituciones encargadas de impartir justicia, e incluso, de oenegés y otras entidades que desempeñan el rol de auditoría social, cuyas acciones han permeado el tinglado de lo jurídico y lo político.

A cada rato los medios de comunicación dan cuenta de las personas señaladas de algún delito y consignadas a los tribunales de justicia respectivos. Allí acuden, desde el delincuente común, hasta los funcionarios que otrora se consideraban malhechores  de cuello blanco. Por ello puede decirse que se ha construido una especie de código rojo que sirve para señalar, perseguir, juzgar y condenar a todo aquel que actúe al margen de la ley.

Con este código rojo se ha juzgado a personas políticamente expuestas y a ciudadanos comunes. A decir verdad, con algunos excesos o con decisiones a medias, el sistema jurídico y de justicia del país está hoy mejor que nunca. Las instituciones encargadas de esta delicada y ardua tarea están cumpliendo lo mejor que pueden con su función.

Hace pocos días, por ejemplo, de nuevo se puso a prueba la funcionalidad de las instituciones y del sistema jurídico del país, específicamente en el caso de la anulación de la elección de presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por presunto procedimiento anómalo. La denuncia, por cierto, había sido interpuesta ante la CC por la Fundación Myrna Mack. Llama la atención que la resolución del honorable cuerpo colegiado con más alto rango jurídico del país, haya tomado como elementos de prueba los argumentos que presentó esta ONG.

Otro hecho reciente es el caso de la magistrada Blanca Stalling a quien la Corte de Constitucionalidad le negó el amparo solicitado, y por consiguiente, queda a disposición de lo que decida el Congreso de la República en relación a retirarle o no, el derecho de antejuicio.

Por supuesto que aun no se tiene un sistema perfecto en materia de justicia y aplicación del andamiaje jurídico del país; y considero que en algunos casos no se ha actuado apegado a derecho y a las normas de justicia universal; sin embargo, los casos aislados no constituyen la norma general. Y en un país donde siempre imperaba la ley del más fuerte, hoy comienza a verse los resultados de aquellas gestas ciudadanas: aquí nadie es superior a la ley, y desde el más humilde hasta el más encumbrado, puede ser juzgado por el código rojo. Si usted está en código amarillo tenga cuidado de no pasar al siguiente color.