Publicado en el Diario de Centro América el 19 de agosto de 2016
“Cometa delito hoy y
cobre su 50 por ciento de reducción de pena. ¡Anímese, solo le costará 10 o 15
años!”.
No soy abogado, solo soy un ciudadano común que a diario sale
a la calle a ganarse el pan con las escasas herramientas que me lo permiten.
Por lo tanto, no tiene ningún sustento jurídico la opinión que a continuación
emitiré en este espacio periodístico.
Hace pocos días salió a luz las declaraciones de funcionarios
públicos, diputados y algunos analistas respecto al proyecto de ley que
contempla la reducción de penas de manera general, con el propósito de
descongestionar las cárceles del país. Tal extremo, abarca incluso a aquellos
cuyos delitos devienen en altas penas como por ejemplo, asesinatos,
violaciones, extorsiones, narcotraficantes y un rosario de actos de lesa
humanidad, me parece desproporcionado y francamente falto de visión integral.
En el marco de esas enmiendas cualquier persona altamente
peligrosa puede cometer un delito a sabiendas que, si bien le va, será
condenado pero que al mismo tiempo, como sucede en las ofertas de supermercado,
le harán el respectivo descuento del 50 por ciento, qué tal. Ya me parece ver
en los juzgados, en las oficinas públicas e incluso en las calles, el letrero
que diga: “Cometa delito hoy y cobre su 50 por ciento de reducción de pena.
¡Anímese, solo le costará 10 o 15 años!”
Es legítima la preocupación por descongestionar las cárceles
del país. Sin embargo, esto está ligado a factores tan desastrosos como el
hecho de que existen reos con varios años de haber cumplido la pena y sin
embargo aún permanecen en cautiverio por falta de una orden de juez. Otros,
cuyo caso no ha llegado a los tribunales, o cuyo expediente simplemente se
extravió. Se sabe que, incluso, existen algunos que no figuran en las nóminas
oficiales del Sistema Penitenciario pero que sin embargo, existen físicamente.
Sumado a estos factores también se da la ya manida costumbre
de los jueces de enviar a prisión preventiva a cualquier mortal que es llevado
ante su presencia, por “peligro de fuga”. ¿No es esto un exceso de la
administración de justicia? Es obvio que si cualquier imputado es llevado a las
cárceles, el hacinamiento y virtual colapso de estos centros sea una realidad.
Considero que el camino de descongestionar los centros
carcelarios por la vía de la reducción de penas envía un mensaje
contraproducente a quienes cometen delitos, y sobre todo, delitos graves. Por
más que se diga que esta manera de administrar justicia es moderna y se aplica
en sociedades como la norteamericana, para el caso de Guatemala, donde a diario
se siembra la violencia, la extorsión, el asesinato, el tráfico intenso de
drogas, simplemente estaría dando un mensaje de aliento a quienes están al
margen de lay, en perjuicio del ciudadano honrado.
Considero que debe mejorarse el sistema de administración de
justicia para hacer más expeditos los procesos, rentabilizar mejor los recursos
asignados a mantener todo el Sistema Penitenciario, hacer uso selectivo de la
vieja y retorcida costumbre de enviar a todo mundo al tambo por peligro de fuga
¿no le parece?
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