Publicado en el Diario de Centro América el viernes 13 de mayo de 2016
Imagen de Google
¿Controla la
Superintendencia de Bancos a estas instituciones que se dedican a estas
actividades altamente lucrativas?
En la carretera hacia el Salvador, a la altura del mirador de
Vista Hermosa, una enorme valla publicitaria destaca un anuncio que ofrece
préstamos rápidos sobre garantía prendaria, especialmente automóviles. El
anuncio tiene un discurso que atrae la atención de cualquier persona necesitada
de resolver de inmediato una penuria económica.
Movido por la curiosidad, llamé al número telefónico que anuncia
la valla, al otro lado de la línea responde una señorita (o señora) con tono
muy cordial, quien pide los datos personales antes de dar la información
solicitada: motivo de su llamada, teléfono, dirección, tipo de automóvil,
marca, año, etc. Acto seguido conecta a otra persona que da la información sobre
los préstamos.
Aquí viene lo sorprendente. La persona indica las condiciones
sobre las que prestan el dinero. A quienes solicitan menos de 10 mil quetzales
les cobran mensualmente 1800 quetzales de interés, o sea, el 18 por ciento,
algo así como el 216 por ciento anual. A quienes solicitan más de 10 mil
quetzales le cobran el 16 por ciento mensual, o sea, el 192 por ciento anual.
El automóvil que se da en garantía prendaria es sometido a control mediante el
sistema GPS, lo cual indica que usted será controlado las 24 horas del día.
Pregúntese el lector, ¿es esto o no un interés leonino? ¿es
usura? La respuesta es obvia. ¿Controla la Superintendencia de Bancos a estas
instituciones que se dedican a estas actividades altamente lucrativas? ¿Cuál es
la ley que rige sus actividades económicas? Tal pereciera que son grupos de
personas que operan al margen de cualquier normativa pero que sin embargo,
tienen dirección física donde se puede ejercer algún tipo de control por parte
de las autoridades competentes, a efecto de garantizar que se rijan por cánones
éticos y legalmente controlados.
Aclaro que no estoy en contra de la libertad empresarial; sin
embargo, considero que toda actividad de este tipo debe evitar lesionar los
intereses ciudadanos quienes por una u otra razón se ven en la necesidad de
enajenar sus bienes para resolver situaciones de emergencia económica. Lucrar
con la necesidad humana es siempre un acto reñido con la ética y muchas veces
con la ley.
El caso que sirve para ilustrar esta columna es solo un
ejemplo de muchas empresas que se dedican a esquilmar a la ciudadanía
arrebatándole literalmente sus bienes mediante contratos leoninos y usureros
que la mayoría de veces no pueden cumplir. Allí está el caso de las tarjetas de
crédito e incluso bancos cuyas tasas de interés son un asalto al bolsillo de
los ciudadanos.
Quizá esta sea una voz en el desierto. Quizá pase
desapercibida por las autoridades que deben velar por el correcto manejo de
estas “empresas” usureras en cuyas garras caen personas desesperadas por la
asfixiante situación económica que padecen. A lo mejor surja de sus cenizas, un
Chapulín Colorado que nos defienda con su astucia y sagacidad de antihéroe.
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