Publicado en el Diario de Centro América el 13 de noviembre de 2015
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Ante las amenazas de un
Iván que no se rinde, ahora sí el CACIG prefiere la reforma tributaria.
El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala –CICIG- Iván Velásquez, dijo recientemente que debiera ponerse un
impuesto temporal para financiar la justicia. Ante esta propuesta, el CACIF por
medio de su presidente Jorge Briz responde que no es recomendable y que, en
cambio, prefieren la reforma tributaria.
Briz afirma que existe una fuga de 20 mil millones de
quetzales por concepto de actos de corrupción. En verdad, a nadie sorprende
dicha declaración, aunque a decir verdad, causa un poco de novedad que lo
afirme el CACIF, debido a que todos sabemos que detrás de un gran corrupto
habrá siempre y gran corruptor. No se aclara si en estos abultados millones
está la tajada que recibe el funcionario corrupto y la que se queda el
empresario corruptor.
Es bien sabido que, durante los últimos cuatro gobiernos se
ha tratado de realizar una reforma tributaria para transparentar y equilibrar
los ingresos y egresos de la Nación. A esta iniciativa se han opuesto de manera
furibunda los señores del sector empresarial organizado, bajo diferentes
pretextos, algunos atendibles, otros, no.
Es el momento de tomar la palabra al CACIF. El nuevo gobierno
debe aprovechar la coyuntura para dar los grandes pasos, seguros y
transparentes en el camino de la reforma tributaria que se dirija a fortalecer
las finanzas del Estado. La ciudadanía y especialmente el sector empresarial
exigen servicios públicos de primer nivel, salud y educación gratuita y un
sinfín de atenciones que el ejecutivo debe dar a la población en general. Pero
en un estado donde existe tal fuga de dinero, ningún presupuesto alcanza.
Quizá sea el momento de ponernos a pensar que solo una
reforma tributaria técnicamente hecha, sin la intervención de mañosos en el
Congreso, azuzados por algunos empresarios corruptos y por qué no decirlo,
algunas liebres que siempre han estado drenando los recursos del erario
nacional, podría salvarnos de la mayúscula crisis financiera del gobierno.
Crisis que ha desembocado en la virtual paralización de hospitales por falta de
medicinas y alimentos para los enfermos, falta de recursos para pagos de
salarios y no digamos para cubrir los grandes compromisos adquiridos por
Guatemala, dentro y fuera de sus fronteras.
Frente a una potencial reforma tributaria el nuevo gobierno
debe armarse de valor y denunciar públicamente a aquellos sectores, gremiales o
individuales, que obstaculicen con argucias políticas y legales, la formulación
y posterior aplicación de dicha reforma. Sabemos que a la hora de rajar ocote,
hasta la misma CC ha bajado la cabeza para decir sí a las demandas del sector
empresarial organizado. Un caso reciente, la anulación del incremento al
impuesto a la telefonía y al cemento, bajo argumentos que no se traga el más
ingenuo de los guatemaltecos. Ante las
amenazas de un Iván que no se rinde, ahora sí el CACIG prefiere la reforma
tributaria. No tardarán en defenestrarlo.
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