La dirigencia económica

Pero no los afecte con más impuestos, porque entonces arde Troya.

La aprobación del presupuesto anual del Estado es un fenómeno donde se dan cita tres fuerzas: la fuerza política, la económica, y el gobierno. La primera es representada por los diputados y sus respectivas organizaciones, así como la fuerza social-laboral, tanto afín como antagónica. La fuerza económica, representada por las cámaras empresariales aglutinadas en el Cacif. El gobierno, como ente administrador del Estado, constituye una fuerza comandada por los políticos de turno.

El resto de la sociedad se sienta, distante, a contemplar el circo. En un relajo de dimes y diretes, el famoso presupuesto es la manzana de la discordia. Con razón o sin ella, la dirigencia política y el gobierno aprueban por mayoría calificada, el monto global y la forma como se distribuye para satisfacer las obligaciones y compromisos adquiridos. Esa es la dinámica que sumerge cada año el penúltimo mes y cuyos efectos aun perturban la algarabía del mes de diciembre.

En el año 2013, el presupuesto para funcionamiento del presente no fue aprobado, de tal manera que el gobierno funcionó con el mismo paquete. Este año, por consenso de las bancadas mayoritarias y el apoyo de otras fuerzas políticas más pequeñas, se aprobó el documento que contiene las partidas de funcionamiento de todas las actividades del país. Algunos sectores interesados han reaccionado ante tal decisión política. Entre éstos destaca la dirigencia económica con pronunciamientos públicos en rechazo de la medida.

Es posible que el presupuesto de 2015 tenga algunas malformaciones; como toda obra humana, es imperfecto. Pero el punto medular que los empresarios han criticado de manera aireada es el incremento al precio del cemento, las líneas telefónicas y las “regalías” de la actividad minera, estas últimas dadas en forma de limosna y no como un impuesto legítimo por su actividad. Y aunque no a todos afecta, aducen que generará un incremento inflacionario generalizado.

Es sabido que Guatemala es uno de los países del continente que menos carga impositiva tiene y donde el sector empresarial es más pudiente y goza de mayores beneficios fiscales. Eso lo retrata como uno de los sectores más conservadores, con una visión capitalista de principios del siglo pasado, y no insertos en la nueva concepción de la economía mundial.

Se oponen a todo; a mejorar los salarios de los trabajadores, a pagar más impuestos, a ser fiscalizados de mejor manera (más bien, se oponen a la fiscalización del estado), a mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores; incluso, muchas empresas son sumamente conservadoras en la elaboración, presentación y distribución de sus productos, bajo la holgada lógica de la hegemonía industrial. Mire usted las inmensas colas que se forman en los bancos, en los supermercados, en cualquier puesto de distribución, por tener una limitadísima cantidad de empleados para atender al público. Con lo mínimo quieren obtener el máximo. Pero no los afecte con más impuestos, porque entonces arde Troya.