EL DERECHO AL OLVIDO

Imagen de Google

Las malas acciones quedan fundidas en piedra y perduran por los siglos de los siglos.

En la legislación europea se introdujo en el 2014 una ley que establece el derecho de los ciudadanos a que su nombre no aparezca en Internet cuando está en riesgo su dignidad. Esta ley es el resultado de una serie de demandas que enfrentaron poderosas compañías como Google por recuperar en su extensa base de datos información proveniente de medios escritos y otros formatos sobre situaciones personales tales como: cobros judiciales, demandas de divorcio, incumplimiento de contratos, atrasos en pagos y toda una cantidad de errores en que puede incurrir cualquier ciudadano.

Sucede que todo cuanto realiza una persona deja huella en la red, eso es innegable. Sin embargo, algunas compañías han rastreado sus datos aparecidos en publicaciones impresas, los han digitalizado y subido a la telaraña sin su consentimiento y, por supuesto, sin posibilidades de poder hacer nada para borrarlos. De este entramado de violaciones a la privacidad y al derecho de agotar por la vía civil muchos asuntos personales, surge esta ley europea.

Por supuesto, está en discusión si aquella información publicada por los medios impresos y otros formatos, relacionada con las personas en su papel de funcionarios públicos, y sobre todo, aquella que se refiere a asuntos altamente sensibles y de interés ciudadano, deba ser borrada del espectro de Internet. También se exceptúan aquellos casos de información pública sobre actos de terrorismo, violación a los derechos humanos, secuestros, y otros casos que han sido juzgados y condenados por los tribunales competentes, ya que estos trascienden la esfera privada y son considerados situaciones de interés general.

En Guatemala aún no existe una figura legal como la europea que garantice el derecho a desaparecer de las bases de datos que se publican en Internet por asuntos que únicamente competen a la vida privada. Es bien sabido que, para comenzar, en los medios de comunicación se visibiliza, enjuicia y condena a las personas por presuntos actos delictivos sin que haya pruebas suficientes. La presunción de inocencia es, por cierto, letra muerta en nuestro ordenamiento jurídico. Y para colmo de males, la red potencia esta criminalización.

Se han conocido muchos casos de personas a quienes se les ha acusado injustamente y que después de un proceso de pruebas de defensa, su inocencia ha sido demostrada. Sin embargo, en el imaginario colectivo, su nombre y su dignidad han quedado mancillados. Estos casos debieran ser borrados de Internet para no revictimizarlas.

Está claro que aquellos individuos a quienes el aparato de justicia juzga y condena por actos reñidos con la ley, se convierten en sujetos públicos a quienes nada ni nadie podrá salvar del escarnio ciudadano. Las malas acciones quedan fundidas en piedra y perduran por los siglos de los siglos.