LOS COLEGIOS PRIVADOS (II)

Publicado en el Diario de Centro América el 12 de diciembre de 2013

Están sujetos a diversos controles, muchas veces de manera maliciosa, punitiva.

Para entender la realidad de los colegios privados es preciso estar en los zapatos de propietarios y directores. Analizarlos desde la perspectiva de padre de familia, por ejemplo, resulta un ejercicio parcial. Y tanto más parcial, desde la óptica de un ciudadano que nunca ha llevado a sus hijos al colegio.

A pesar de ser un sector que, mal que bien, aporta el mayor caudal de recursos efectivos a la formación de guatemaltecos para las próximas décadas, los colegios privados no cuentan con una política estatal que garantice su desarrollo, dirigida a la formación constante de los docentes, administrativos, puestos de dirección y un ejercicio de acompañamiento positivo de sus labores académicas. Más bien, se les ve con recelo y, en muchos casos, con una buena dosis de antipatía. Se les tilda de mercaderes, en vez de reconocer que forman en su conjunto la estrategia de educación cuya cobertura no puede ser atendida por el Estado. En algunos casos, los supervisores se tornan en censores más que en orientadores del proceso.

Si la educación privada es cara, es muy discutible. No tengo estadísticas a la mano que me demuestren que la educación privada es de mejor calidad que la pública; sin embargo, son incontables los casos de profesionales de éxito que fueron formados en colegios de distintas categorías. Hago la aclaración de que, a toda honra, yo me formé en instituciones nacionales, pero fue en aquellos años en que era un honor pertenecer a una escuela o instituto nacional, simplemente porque tenían la supremacía en la calidad educativa; sin embargo, no significa que ignore la enorme importancia que tiene hoy día la educación privada.

Es verdad que los colegios privados gozan de exenciones, garantizadas constitucionalmente. Pero también es verdad que están sujetos a diversos controles, muchas veces de manera maliciosa, punitiva, buscando siempre la debilidad en los procesos, pero sin medidas que garanticen que, como empresas privadas, el usuario pague por los servicios que recibe.