Publicado en Diario de Centro América el 6 de diciembre de 2013
No podemos juzgar a la mayoría por casos particulares.
Hace pocos días dirigí un grupo focal con la participación de directores de colegios privados. El propósito, mejorar la calidad de la educación privada nacional. La participación de todos los directores desnudó una realidad que seguramente pasa desapercibida por la ciudadanía, especialmente por los padres de familia usuarios de sus servicios, pero que conforma una problemática que incide en la calidad de la educación que reciben sus hijos.
La educación privada en el país ha sido un importante soporte de todo el sistema educativo nacional. En un porcentaje significativo, la calidad de la educación que brindan las instituciones privadas ha contribuido significativamente a formar los cuadros profesionales del país. Constituye, por ello, un valioso factor que permite a los padres de familia escoger la institución que se ajuste a sus expectativas académicas y a sus posibilidades económicas, toda vez que el Estado no tiene la capacidad económica para atender a toda la población en edad escolar.
Que los colegios privados son un negocio, por supuesto. No son instituciones de beneficencia, sino empresas que buscan el lucro por los servicios que prestan, tal como lo hace cualquier empresa privada.
Sin embargo, como empresas, no solo están sujetas a las disposiciones legales del ordenamiento jurídico guatemalteco, sino además, a otro tipo de auditoría que realiza el mismo Ministerio de Educación, los padres de familia, los sectores de la sociedad civil, la mayoría desde una posición prejuiciosa y muchas veces descalificadora.
Hay más de cuatro mil colegios en el país. De estos solo unos 300 pueden considerarse de tipo A. La inmensa mayoría son proyectos educativos cuyo acceso está destinado a la clase media y clase popular. En otras palabras, son instituciones que cubren una enorme demanda.
Es verdad que algunos colegios no llenan los requisitos mínimos y quizá hasta se involucren en actos anómalos, tanto éticos como legales; pero no podemos juzgar a la mayoría por casos particulares.
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