Publicado en el Diario de Centro América el 16 de enero de 2014
Quién le dio a los medios la calidad de defensores ciudadanos, no lo sabemos.
Siempre se ha sustentado la idea que los medios de comunicación constituyen el cuarto poder; los otros tres poderes son el Organismo Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta idea ha pasado de generación en generación y es repetida en los círculos periodísticos, en las universidades y en general, en todos los niveles de poder.
Algunos pensadores afirman que los medios no son el cuarto poder sino el contrapoder. Tal aseveración encierra una especie de legitimación de los medios en un espacio social que irremediablemente jugaría un papel de antagonismo frente al poder establecido por los tres entes legítima y legalmente constituidos.
Pensar en los medios como el contrapoder es entonces, creer que su función debe ser siempre contraria a los tres poderes constitucionalmente reconocidos. Y es que, como muchas expresiones sociales, los medios se han abrogado el derecho de ser voz de la ciudadanía, tal como sucede con otras instituciones, entre ellas la tan mencionada “sociedad civil”, conformada esta última por grupos de ciudadanos y ciudadanas que sostienen agendas políticas de cara al gobierno de turno; la mayoría con posiciones contrarias a este.
A mi criterio, los medios de comunicación son empresas con fines de lucro, conformadas por personas con intereses comerciales y nada más. Su mercancía es, por supuesto, la información. La información se basa en recoger, procesar y difundir noticias y otros temas que a su juicio, son de interés nacional. Los medios están sujetos, como empresas que producen bienes, a las leyes mercantiles, entre ellas, la oferta y la demanda.
En la lógica mercantil sus productos sufren cada vez un ciclo de vida más corto. Esta es una de las características más relevantes de la información periodística: la noticia que no se difundió hoy, mañana será vieja.
En esta lógica mercantil, los medios se involucran en una dinámica de competencia noticiosa que provoca muchas veces que se dejen de lado los verdaderos intereses ciudadanos y se libren batallas personales por medio de su espacio redaccional.
Quién le dio a los medios la calidad de defensores ciudadanos, no lo sabemos. Quién les dio la función de velar por la libre emisión del pensamiento, tampoco queda claro. Lo cierto es que las acciones realizadas muchas veces se convierten en norma. ¿Ha tratado usted de estacionarse en la orilla de una calle y de pronto aparece un “cuidador” de carros? Si usted no acepta que le “cuide” su carro, el sujeto le indicará que no puede estacionarse allí porque “está apartado”.
En el caso de los medios sucede que a través del tiempo han ido legitimando una función que, aunque no está jurídicamente sustentada, ha sido reconocida por los grupos de presión (no es la ciudadanía en general) como los fiscalizadores de las acciones de los tres poderes del Estado. Nadie dice nada al respecto, y el que calla, otorga.
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