Publicado en el Diario de Centro América el 4 de mayo de 2018
Para
blindarse de posibles señalamientos en su contra, aboga por que se mantenga la
Cicig en Guatemala.
Una vieja disputa entre el empresario Juan Arturo Gutiérrez y sus sobrinos, Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Bosch, da cuenta de una millonaria demanda interpuesta por dicho empresario contra estos medio hermanos, por apropiación indebida de ganancias relacionadas con las empresas que les habían sido confiadas. Dicha demanda tuvo que ser encausada en el extranjero debido a que el sistema de justicia nacional, según opinión del propio afectado, no ofrecía las condiciones básicas de imparcialidad.
Dentro del contexto de la demanda, Arturo Gutiérrez también acusaba a los propietarios de Multi Inversiones de evadir más de mil millones de quetzales por concepto de pago de impuestos al sistema tributario. Algunos delitos, como estafa, caso especial de defraudación, lavado de dinero y otros activos, subvaloración de bienes inmuebles, como Comercial Pradera, el cual fue declarado en 40 millones de quetzales, cuando se estima que su valor real es de más de mil millones en moneda nacional, serían solo algunos posibles delitos cometidos por estos empresarios que se califican a sí mismos de transparentes.
Es un secreto a voces que los Gutiérrez Bosch conforman una de las familias más poderosas de Guatemala, con intereses comerciales en rubros muy importantes, como el monopolio del pollo, las harinas de trigo, la energía eléctrica y medios de comunicación, entre otros. Han mantenido su poder a base de financiar campañas de partidos políticos, para exigir, luego de ganar las elecciones, su respectiva cuota de poder. Han puesto ministros de Economía, Finanzas y otros puestos importantes en la administración pública.
En su momento, el expresidente Jorge Serrano llamó a Dionisio Gutiérrez el “diosito”, en virtud de la actitud beligerante de este contra dicho gobierno, al cual no pudo manipular por no haber aportado capital para el proceso electoral. Acostumbrado a hacer su voluntad en el mundo político y empresarial, Dionisio se ha cubierto de un manto de transparencia que, igual que aquel rey que vestía un traje imaginario, solo él cree ostentar. Recientemente, y adoptando una actitud de niño de primera comunión, este poderoso empresario envió una misiva en su calidad de presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo a los senadores de los Estados Unidos. Como una estrategia para blindarse de posibles señalamientos en su contra, aboga porque se mantenga la CICIG en Guatemala. Como dice el refrán: más vale un chaquetazo a tiempo.
La retórica de Dionisio Gutiérrez raya en lo cara dura, y espera que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se haga de la vista gorda y pase por alto los innumerables señalamientos contra esta familia que virtualmente ha hecho de nuestro país su finca, cuyos peones mueve a su sabor y antojo, bajo la mirada de un sistema de justicia que nunca le ha querido hincar el diente por temor a posibles represalias. Ojalá que este alto organismo de Naciones Unidas no caiga en la trampa, y haga su trabajo.
Ese colonialismo político lo vivimos en todos los países centroamericanos, unos más otros menos, pero es la oligarquía criolla, las pocas familias con poder económico que manejan los hilos de los títeres políticos que les aprueban leyes a su conveniencia para seguir lucrando. La denuncia valiente y fundamentada es como la gota en la roca que va calando hasta rajarla como lo muestran algunos países donde se desmantelan las estructuras de poder que sostienen estas lacras. Gracias doctor Interiano por sus luces.
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