Medios e industria de la información

El derecho a informar se traduce en el derecho a  vender información.

Las características de la producción de bienes y servicios en la historia humana hasta entrada la Edad Media, fue la manufactura. La elaboración y venta de objetos se hacía de manera manual. En este sentido, cada objeto conservaba una personalidad y características muy particulares, aunque los procesos de producción y distribución eran muy lentos y limitados.

Una de las grandes características de la llamada primera revolución industrial de fines del siglo XVIII la constituye la producción en serie, con patrones de producción que reflejaban las características de un modelo a partir del cual se elaboraban. Este salto en la producción provocó una mayor cobertura en la distribución de bienes y servicios a la cada vez más explosiva civilización humana.

La prensa escrita (aun no se inventaba la radio, la televisión y el Internet) experimentó el paso de la producción manufacturera a la producción industrial. En este nuevo modelo de producción, distribución y consumo, los medios masivos han encontrado la fórmula perfecta para insertarse en el mercado del consumo.

Adoptando las reglas básicas de la producción industrial, los medios (aquí ya incluimos a los cuatro medios actuales) presentan algunas características que los convierte en la la pudiente industria de la información.  Entre algunas de estas leyes industriales están: uso de la información como producto mercantil sujeto a la oferta y la demanda, la ley de libre competencia. En esta ley la industria de la información ha montado su aparato ideológico para defender su derecho a informar que se traduce ni más ni menos que en el derecho a vender información.

Otra de las leyes adaptadas por la industria de la información es buscar la más alta rentabilidad al más bajo costo. En esta lógica, los medios (salvo raras excepciones) contratan mano de obra barata cuyos salarios no impacten el resultado final de sus operaciones mercantiles.

El ciclo de vida de un producto es también una de las leyes aplicadas por la industria de la información. Esta característica ha llevado a elaborar un andamiaje de supuestos técnicos respecto a la inmediatez, la precisión y claridad de la noticia. Una de las fórmulas preferidas que se enseñan incluso en las universidades, como caja de resonancia de esta visión industrial es la llamada pirámide invertida. De eta cuenta, la noticia que se generó ayer, hoy se ha convertido en una pieza de museo informativo. Y salvo que se trate de una noticia con un perfil político a la cual el medio pueda sacarle mayor rentabilidad, pasará a ser parte del osario informativo. Un objeto inservible con nulo valor industrial.

Los medios y el poder

Publicado en el Diario de Centro América el 23 de enero de 2014

La democracia es un enorme circo donde cada payaso hace su numerito.

El surgimiento y consolidación de los medios masivos de comunicación vino a agregar un plato más en la mesa del poder. Antes del surgimiento de estos, el poder se lo compartían las prácticas políticas y la religión. La educación se sumaría después en la Edad Media. Por supuesto, la dinámica económica también ha sido un factor importante en muchas decisiones políticas en todas las épocas. 

De los medios masivos, fue la prensa la primera en surgir y consolidarse. Le seguiría la radio, la televisión y más recientemente, el Internet como una expresión multimedia muy versátil. Gracias a este invento, hoy día constituyen la moda las llamadas redes sociales, poderosísimas herramientas de comunicación ciudadana. 

Cada medio nació como resultado de las condiciones objetivas en el desarrollo de la economía, la tecnología y la educación en todas las latitudes, y fueron, en suma, el resultado de estas condiciones. No vaya a creerse que los medios surgen como adalides de la libertad de información o expresión pública. Estos aderezos les fueron siendo agregados a medida que en el mundo se desarrollaba el concepto de democracia; y como aquellos listos que toman silla en la fiesta, los medios fueron apuntalando conceptos que a la larga les servirían como banderas para realizar su ejercicio económico (transformar la información en mercancía y venderla) sin ninguna cortapisa. Aquel que ose “conculcar” este derecho de comercializar la información corre el riesgo de ser señalado traidor a la democracia. 

Con razón se dice que la democracia es un enorme circo donde cada payaso hace su numerito. Esta práctica, antecedida por la prensa escrita, es continuada por la radio y la televisión. Es justo reconocer que el uso de estos dos últimos tiene una motivación en varias latitudes. En Norteamérica se utilizarían con fines comerciales. 

En la Unión Soviética serían herramienta de propaganda política e ideológica. En algunos países de Europa, herramientas culturales y educativas. La práctica constante y el cada vez mayor poder de los medios ha provocado que en el ámbito internacional y nacional se produzcan leyes, tratados y demás argucias legales que garanticen el lucro de la información bajo el falaz argumento de libertad de prensa que más bien se constituye en libertad de empresa.

No por gusto se discute hoy la necesidad de normar las redes sociales y recursos de Internet, puesto que lo conciben como un caballo desbocado que necesita ser domesticado y pueda ser dócilmente conducido por el gran capital que ha puesto sus ojos en una herramienta de comunicación que desafía los pasajes oscuros del poder, y con ello, los medios masivos de comunicación.

Los medios, ¿el cuarto poder?

Publicado en el Diario de Centro América el 16 de enero de 2014

Quién le dio a los medios la calidad de defensores ciudadanos, no lo sabemos.

Siempre se ha sustentado la idea que los medios de comunicación constituyen el cuarto poder; los otros tres poderes son el Organismo Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta idea ha pasado de generación en generación y es repetida en los círculos periodísticos, en las universidades y en general, en todos los niveles de poder.

Algunos pensadores afirman que los medios no son el cuarto poder sino el contrapoder. Tal aseveración encierra una especie de legitimación de los medios en un espacio social que irremediablemente jugaría un papel de antagonismo frente al poder establecido por los tres entes legítima y legalmente constituidos.

Pensar en los medios como el contrapoder es entonces, creer que su función debe ser siempre contraria a los tres poderes constitucionalmente reconocidos. Y es que, como muchas expresiones sociales, los medios se han abrogado el derecho de ser voz de la ciudadanía, tal como sucede con otras instituciones, entre ellas la tan mencionada “sociedad civil”, conformada esta última por grupos de ciudadanos y ciudadanas que sostienen agendas políticas de cara al gobierno de turno; la mayoría con posiciones contrarias a este.

A mi criterio, los medios de comunicación son empresas con fines de lucro, conformadas por personas con intereses comerciales y nada más. Su mercancía es, por supuesto, la información. La información se basa en recoger, procesar y difundir noticias y otros temas que a su juicio, son de interés nacional. Los medios están sujetos, como empresas que producen bienes, a las leyes mercantiles, entre ellas, la oferta y la demanda. 

En la lógica mercantil sus productos sufren cada vez un ciclo de vida más corto. Esta es una de las características más relevantes de la información periodística: la noticia que no se difundió hoy, mañana será vieja.

En esta lógica mercantil, los medios se involucran en una dinámica de competencia noticiosa que provoca muchas veces que se dejen de lado los verdaderos intereses ciudadanos y se libren batallas personales por medio de su espacio redaccional. 

Quién le dio a los medios la calidad de defensores ciudadanos, no lo sabemos. Quién les dio la función de velar por la libre emisión del pensamiento, tampoco queda claro. Lo cierto es que las acciones realizadas muchas veces se convierten en norma. ¿Ha tratado usted de estacionarse en la orilla de una calle y de pronto aparece un “cuidador” de carros? Si usted no acepta que le “cuide” su carro, el sujeto le indicará que no puede estacionarse allí porque “está apartado”. 

En el caso de los medios sucede que a través del tiempo han ido legitimando una función que, aunque no está jurídicamente sustentada, ha sido reconocida por los grupos de presión (no es la ciudadanía en general) como los fiscalizadores de las acciones de los tres poderes del Estado. Nadie dice nada al respecto, y el que calla, otorga.

Vivir la esperanza

Publicado en Diario de Centro América, el 26 de diciembre de 2013

El mañana es de Dios, nos dicen.

¿Cree usted que los guatemaltecos contemporáneos de Arévalo y Árbenz aprobaron las medidas económicas y sociales que estos gobernantes tomaron en su momento? Si tiene duda, busque en los diarios de esa época y se dará cuenta de las reacciones hepáticas de muchos. Pareciera que la relación capital-gobierno ha sido siempre antagónica. Sin embargo, transcurridos 50 años, estas medidas nos parecen hoy acertadas. La Historia se ha encargado de “limpiar” la imagen de dichos gobernantes.

Y es que no es lo mismo ver un fenómeno que se posa frente a nuestros ojos, que ponerlo en perspectiva, en cuyo caso, se ve la integralidad de sus aspectos. Algo similar sucede con las acciones políticas y económicas que toma un gobierno. De momento no se percibe la magnitud de su impacto; se requieren años, y quizá décadas, para dimensionar sus atributos.

Por esa razón es que cada gobernante vive su propio infierno, pero al final de cuentas, cada uno pasa del limbo al paraíso de la conciencia colectiva. Al final de cuentas, siempre pesa un hecho positivo por el que la ciudadanía “perdona” a un gobernante. Aquí algunos casos: Justo Rufino Barrios, por la Reforma Liberal y sus aspectos positivos. Jorge Ubico, por la probidad en el manejo de las arcas nacionales. Arévalo y Árbenz, por su política de desarrollo social. Cerezo, por sus acuerdos previos de reconciliación nacional. Arzú, por su firma de la paz. Serrano, por su bono 14. Portillo, por su distribución de fertilizantes, etc. 

Lo curioso es que no estamos entrenados para vivir la esperanza sino para esperanzar el pasado, creyendo que todo lo pasado fue mejor. Esta actitud no nos permite pensar que podemos superar los problemas y poner al país en la perspectiva de un desarrollo sostenido que permita superar los problemas estructurales que padecemos.

Desde que Dios amanece, hasta que Dios anochece, nuestro pensamiento se centra en qué vamos a hacer hoy, y poco pensamos en qué vamos a hacer mañana, tejiendo con ello un conformismo que impide ver hacia el cielo y ver más allá de nuestra nariz. Alguien me dijo una vez que los ricos ya están contados y se acomodaba resignadamente entre la línea de la pobreza y la desgracia. 

Imagine usted, cómo estarían algunos países como Japón, Corea del Norte, Taiwán, si hubiesen pensado solamente en el día a día, sin trazarse un destino de largo plazo. Seguramente se rasgarían las vestiduras, como lo hacemos nosotros, siempre echándole la culpa a nuestros gobernantes pero sin asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde. Esta manera quejumbrosa de ser no nos permite mirar hacia el futuro, construir 

esperanza.

¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo será Guatemala dentro de 20 años, por lo menos? Quizá la cotidianidad nos absorbe y nos conformamos con ir a la cama con la certeza de un día terminado. El mañana es de Dios, nos dicen.

Vivir la coyuntura

Publicado en el Diario de Centro América el 19 de diciembre de 2013

No es lo mismo manejar los negocios del Estado que los propios.

Los países que han salido del subdesarrollo, se debe a una serie de acciones que les posibilitaron un salto cuantitativo y cualitativo en su dinámica económica, política y social. Dirigentes en todos los órdenes que han sumado esfuerzo y corazón para diseñar una estrategia de largo aliento que les permitió superar los índices de pobreza tolerable.

¿Cree usted que por obra y magia, de la noche a la mañana estos países superaron la pobreza? Indudablemente no. Ahora bien, con qué recursos lo hicieron, es una de las interrogantes que debemos hacernos, pues no se trata solo de controlar el gasto público o de reducir el presupuesto anual, sino de trazar una estrategia que permita anteponer intereses nacionales a los personales o de índole política.

En Guatemala vivimos la coyuntura. En lenguaje coloquial, vivimos el hoy, sin preocuparnos por el mañana. Comamos hoy, mañana, Dios proveerá. 

Traigo a colación estas reflexiones a raíz de la no aprobación del Presupuesto de 2014, por supuesta sobredimensión en su estructura y carencia de fuentes de financiamiento. Al respecto recuerdo las palabras del expresidente Vinicio Cerezo cuando explicaba que en un país en desarrollo todo presupuesto es deficitario. Creo que Cerezo tenía razón en sus argumentos, aunque contradiga los razonamientos de la empresa privada (no gastar más de lo que se tiene). Sin embargo, no es lo mismo manejar los negocios del Estado que los propios; las dinámicas son diferentes. Quizá la lógica de un empresario sea conservar e incrementar sus activos con base en ventas. La lógica de un Gobierno es administrar los activos de la Nación y buscar fuentes de financiamiento que permitan dinamizar el Estado.

En esta búsqueda de recursos para poder ejecutar los planes de Gobierno que cada administración diseña, de cara a resolver, o paliar, los diversos problemas de sectores mayoritarios, estructuralmente marginados, se enfrentan tropiezos, generalmente de carácter político, que muchas veces se convierten en el principal valladar, constituyéndose en el círculo vicioso del subdesarrollo.

En Guatemala, esta búsqueda de recursos es un proceso que nunca se detiene, debido a los limitados ingresos que el Estado tiene por concepto de tributos, y nuestra sempiterna renuencia a contribuir, lo que hace aun más difícil que se cuente con recursos suficientes para resolver los problemas estructurales, provocando que en cada gobierno se atienda lo urgente, aun con el riesgo de que toda necesidad social exige solución urgente.

En esta línea de razonamiento, un gobierno debe traspasar el estado de coyuntura para procurar el desarrollo sostenido del país. Por cierto, sus acciones no pueden visualizarse en un ejercicio fiscal, como una empresa, sino en estadios muy largos. Esto hace que pasemos de vivir la coyuntura a vivir la esperanza.

LOS COLEGIOS PRIVADOS (II)

Publicado en el Diario de Centro América el 12 de diciembre de 2013

Están sujetos a diversos controles, muchas veces de manera maliciosa, punitiva.

Para entender la realidad de los colegios privados es preciso estar en los zapatos de propietarios y directores. Analizarlos desde la perspectiva de padre de familia, por ejemplo, resulta un ejercicio parcial. Y tanto más parcial, desde la óptica de un ciudadano que nunca ha llevado a sus hijos al colegio.

A pesar de ser un sector que, mal que bien, aporta el mayor caudal de recursos efectivos a la formación de guatemaltecos para las próximas décadas, los colegios privados no cuentan con una política estatal que garantice su desarrollo, dirigida a la formación constante de los docentes, administrativos, puestos de dirección y un ejercicio de acompañamiento positivo de sus labores académicas. Más bien, se les ve con recelo y, en muchos casos, con una buena dosis de antipatía. Se les tilda de mercaderes, en vez de reconocer que forman en su conjunto la estrategia de educación cuya cobertura no puede ser atendida por el Estado. En algunos casos, los supervisores se tornan en censores más que en orientadores del proceso.

Si la educación privada es cara, es muy discutible. No tengo estadísticas a la mano que me demuestren que la educación privada es de mejor calidad que la pública; sin embargo, son incontables los casos de profesionales de éxito que fueron formados en colegios de distintas categorías. Hago la aclaración de que, a toda honra, yo me formé en instituciones nacionales, pero fue en aquellos años en que era un honor pertenecer a una escuela o instituto nacional, simplemente porque tenían la supremacía en la calidad educativa; sin embargo, no significa que ignore la enorme importancia que tiene hoy día la educación privada.

Es verdad que los colegios privados gozan de exenciones, garantizadas constitucionalmente. Pero también es verdad que están sujetos a diversos controles, muchas veces de manera maliciosa, punitiva, buscando siempre la debilidad en los procesos, pero sin medidas que garanticen que, como empresas privadas, el usuario pague por los servicios que recibe.

Los colegios privados (I)

Publicado en Diario de Centro América el 6 de diciembre de 2013

No podemos juzgar a la mayoría por casos particulares.

Hace pocos días dirigí un grupo focal con la participación de directores de colegios privados. El propósito, mejorar la calidad de la educación privada nacional. La participación de todos los directores desnudó una realidad que seguramente pasa desapercibida por la ciudadanía, especialmente por los padres de familia usuarios de sus servicios, pero que conforma una problemática que incide en la calidad de la educación que reciben sus hijos.

 

La educación privada en el país ha sido un importante soporte de todo el sistema educativo nacional. En un porcentaje significativo, la calidad de la educación que brindan las instituciones privadas ha contribuido significativamente a formar los cuadros profesionales del país. Constituye, por ello, un valioso factor que permite a los padres de familia escoger la institución que se ajuste a sus expectativas académicas y a sus posibilidades económicas, toda vez que el Estado no tiene la capacidad económica para atender a toda la población en edad escolar.

 

Que los colegios privados son un negocio, por supuesto. No son instituciones de beneficencia, sino empresas que buscan el lucro por los servicios que prestan, tal como lo hace cualquier empresa privada.

 

Sin embargo, como empresas, no solo están sujetas a las disposiciones legales del ordenamiento jurídico guatemalteco, sino además, a otro tipo de auditoría que realiza el mismo Ministerio de Educación, los padres de familia, los sectores de la sociedad civil, la mayoría desde una posición prejuiciosa y muchas veces descalificadora.

 

Hay más de cuatro mil colegios en el país. De estos solo unos 300 pueden considerarse de tipo A. La inmensa mayoría son proyectos educativos cuyo acceso está destinado a la clase media y clase popular. En otras palabras, son instituciones que cubren una enorme demanda.

 

Es verdad que algunos colegios no llenan los requisitos mínimos y quizá hasta se involucren en actos anómalos, tanto éticos como legales; pero no podemos juzgar a la mayoría por casos particulares.