PÉRDIDA DE CIUDADANÍA

Publicado en el Diario de Centro América el 26 de agosto de 2016

Esta razón ha llevado a muchas personas de la tercera edad a padecer de profunda depresión y en casos extremos a quitarse la vida.

En Guatemala hay dos tipos de ciudadanía: los ciudadanos plenos y los ciudadanos a medias. Los primeros son aquellos que gozan de todos sus derechos y deberes constitucionales. Los segundos, mediante subterfugios legales y prácticas insanas han perdido ciertos derechos, tal es el caso de los adultos mayores.

Llegar a 65 años en nuestro país significa resignarse a que ciertos derechos se le nieguen y pasar a condición de lo que eufemísticamente se le llama “clases pasivas”. Disminuidos en su salud física, después de haber acumulado una enorme cantidad de años de trabajo y contribución al estado, los adultos mayores tienen que sufrir el denigrante trato de no ser aceptados o hacerlo a medias, en diferentes actividades.

En los puestos de trabajo no tienen cabida en la mayoría de casos. Lo siento mucho, usted ya no califica para el puesto. En las instituciones financieras ya no son sujetos de crédito. ¿La razón? Tener 65 años y aunque quieran hipotecar una propiedad para obtener un préstamo, a riesgo de perderla, las ventanillas están cerradas. Si la consulta se hace vía telefónica, al otro lado de la línea responderá un empleado con tono de indiferencia, siguiendo el patrón de la exclusión, que ya no es sujeto de crédito debido a su “avanzada edad”.

A los ancianos de escasos recursos el panorama no les pinta nada bien. En muchos casos la propia familia los abandona a su suerte, desechados como un mueble viejo, inservible. Y no digamos aquellos que padecen alguna enfermedad que no les permite valerse por sus propios medios. Existen muchas denuncias sobre el mal trato que algunos choferes dan a los ancianos cuando presentan su carnet para viajar sin costo en el transporte público.

¡Y qué decir del calvario que a diario sufren en las instituciones de servicio público! Para muestra, basta con acercarse a centros de salud como el IGSS y los hospitales públicos para darse cuenta de los cientos de ancianos que demandan ser atendidos sin resultados positivos. Pareciera que llegar a 65 años es el camino sin retorno a dejar de vivir una vida ciudadana plena, o al menos, reclamar todos los derechos vigentes en la Constitución de la República y en los tratados internacionales.

El sistema se encargará de expulsarlo y descartarlo como pieza laboral, orillándolo, por acción u omisión, a sentir que ya no es útil a la sociedad, y a veces, que ya no es útil a la vida misma. Esta razón ha llevado a muchas personas de la tercera edad a padecer de profunda depresión y en casos extremos a quitarse la vida.

Somos una sociedad insensible que ha perdido la capacidad de ser solidaria. No sé dónde perdimos el rumbo. Recuerdo aquellos años donde los ancianos eran el epicentro del hogar. Alrededor de ellos transcurría la vida familiar, y no por medios autoritarios sino porque inspiraban lo mejor de las relaciones de afecto. Dichosos aquellos hogares que aún mantienen esta filosofía del amor y ven en un anciano, la oportunidad para obtener conocimiento y experiencia de vida.

¿Reducción de penas?

Publicado en el Diario de Centro América el 19 de agosto de 2016

“Cometa delito hoy y cobre su 50 por ciento de reducción de pena. ¡Anímese, solo le costará 10 o 15 años!”.

No soy abogado, solo soy un ciudadano común que a diario sale a la calle a ganarse el pan con las escasas herramientas que me lo permiten. Por lo tanto, no tiene ningún sustento jurídico la opinión que a continuación emitiré en este espacio periodístico.

Hace pocos días salió a luz las declaraciones de funcionarios públicos, diputados y algunos analistas respecto al proyecto de ley que contempla la reducción de penas de manera general, con el propósito de descongestionar las cárceles del país. Tal extremo, abarca incluso a aquellos cuyos delitos devienen en altas penas como por ejemplo, asesinatos, violaciones, extorsiones, narcotraficantes y un rosario de actos de lesa humanidad, me parece desproporcionado y francamente falto de visión integral.

En el marco de esas enmiendas cualquier persona altamente peligrosa puede cometer un delito a sabiendas que, si bien le va, será condenado pero que al mismo tiempo, como sucede en las ofertas de supermercado, le harán el respectivo descuento del 50 por ciento, qué tal. Ya me parece ver en los juzgados, en las oficinas públicas e incluso en las calles, el letrero que diga: “Cometa delito hoy y cobre su 50 por ciento de reducción de pena. ¡Anímese, solo le costará 10 o 15 años!”

Es legítima la preocupación por descongestionar las cárceles del país. Sin embargo, esto está ligado a factores tan desastrosos como el hecho de que existen reos con varios años de haber cumplido la pena y sin embargo aún permanecen en cautiverio por falta de una orden de juez. Otros, cuyo caso no ha llegado a los tribunales, o cuyo expediente simplemente se extravió. Se sabe que, incluso, existen algunos que no figuran en las nóminas oficiales del Sistema Penitenciario pero que sin embargo, existen físicamente.

Sumado a estos factores también se da la ya manida costumbre de los jueces de enviar a prisión preventiva a cualquier mortal que es llevado ante su presencia, por “peligro de fuga”. ¿No es esto un exceso de la administración de justicia? Es obvio que si cualquier imputado es llevado a las cárceles, el hacinamiento y virtual colapso de estos centros sea una realidad.

Considero que el camino de descongestionar los centros carcelarios por la vía de la reducción de penas envía un mensaje contraproducente a quienes cometen delitos, y sobre todo, delitos graves. Por más que se diga que esta manera de administrar justicia es moderna y se aplica en sociedades como la norteamericana, para el caso de Guatemala, donde a diario se siembra la violencia, la extorsión, el asesinato, el tráfico intenso de drogas, simplemente estaría dando un mensaje de aliento a quienes están al margen de lay, en perjuicio del ciudadano honrado.

Considero que debe mejorarse el sistema de administración de justicia para hacer más expeditos los procesos, rentabilizar mejor los recursos asignados a mantener todo el Sistema Penitenciario, hacer uso selectivo de la vieja y retorcida costumbre de enviar a todo mundo al tambo por peligro de fuga  ¿no le parece?

El drama del IGGS

Publicado en el Diario de Centro América el 12 de agosto de 2016

Dada su capacidad económica, la institución ha estado en el ojo de funcionarios de turno, quienes en no pocos casos la han convertido en su cajero personal.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se crea el 30 de octubre de 1946, por Decreto Ley emitido por el entonces honorable Congreso de la República. La creación de esta institución es el resultado de un estudio serio realizado a instancias del gobierno de la Revolución presidido por el doctor Juan José Arévalo, por Oscar Barahona Walter Dittel.

El IGSS es sin lugar a dudas, el último bastión de la gesta revolucionaria que veló por una política de seguridad alimentaria, de salud y educación para los sectores obreros y campesinos. Fue indudablemente la columna vertebral sobre la que ha descansado la seguridad social de miles de trabajadores. El enfoque de dicho acuerdo era crear "Una Institución autónoma, de derecho público de personería jurídica propia y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, cuya finalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, un Régimen Nacional, Unitario y Obligatorio de Seguridad Social, de conformidad con el sistema de protección mínima".

El nuevo régimen de seguridad obligaba al estado a dar su aporte por concepto contribución patronal. Lo mismo establecía para el sector privado. El trabajador, por su parte, debía aportar su cuota para tener derecho a un retiro después de cumplir cierta cantidad de años de servicio.

A lo largo de  setenta años el IGSS ha atesorado una significativa cantidad de recursos que garantizan la cobertura de sus servicios, a pesar que el estado ha sido el primero en no cumplir con el precepto constitucional de su aporte, debiéndole alrededor de 30 mil millones de quetzales por cuotas atrasadas. Por su parte, el sector privado también debe una cantidad significativa, aunque menor, en cuotas no pagadas.

Dada su capacidad económica, la institución ha estado en el ojo de funcionarios de turno, quienes en no pocos casos la han convertido en su cajero personal. Fuente de una indiscriminada corrupción de gerentes y presidentes que la han administrado. Sumado a esto, ha estado siempre acechada por el fantasma de la privatización. A esto último se han opuesto el sector sindical y los propios jubilados, con justa razón, ya que ven el peligro inminente de quedar desprotegidos por un el régimen que, aunque con sus carencias y limitaciones, mal que bien, contribuyen a dar un respiro económico a los jubilados y pensionados.

En los últimos días el fantasma de la privatización ha tendido sobre el IGSS sus más aviesos propósitos. No se sabe de dónde salió tan descabellada idea; lo cierto es que ha puesto los pelos de punta a quienes han dejado en un puesto de trabajo los mejores años de su vida y que hoy, tienen una modesta y a veces hasta miserable pensión, pero que después de todo, es un dinerito que en algo les ayuda.

Lo cierto es que, privatizar el seguro social sería darle el último zarpazo a las instituciones creadas por el gobierno de la Revolución y cuya trascendencia está vigente después de setenta años. Vale la pena conservar su autonomía ¿no le parece?

Tomarle la palabra al CACIF

Publicado en el Diario de Centro América el 5 de agosto de 2016

En la agenda de negociación no debe incluirse, por supuesto, ningún tipo de amnistía fiscal ni perdón a quienes hayan cometido delitos de evasión de impuestos.

Esta semana representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, fundado en 1957, declararon ante los medios de comunicación su disposición de sentarse a la mesa de negociaciones para discutir el futuro económico de Guatemala, especialmente en los ámbitos sensibles de la economía como es el aspecto tributario.

Según el Cacif existe la necesidad de hacer un profundo análisis de la situación tributaria que permita adoptar las medidas que permitan ampliar esta base, bajo los parámetros de una mejor recaudación y aprovechamiento de los recursos provenientes de los impuestos de los contribuyentes.

A primera vista, es sana, oportuna y acertada la declaración de Felipe Bosch, quien hizo la declaración a nombre del Cacif y de Fundesa. Podría pensarse que es un acto de buena fe y de convencimiento que el país se hunde si no se reforma el régimen tributario, en donde quien gane más que pague más y que los recursos que se recauden tengan una buena redistribución para atender las necesidades más urgentes: salud, educación, infraestructura, pago de deuda, ahorro, entre otros.

Quizá sea una excelente oportunidad para que el gobierno le tome la palabra a los empresarios y seleccione a los más grandes expertos y mejores negociadores en el tema fiscal y tributario a efecto de no dejarse embaucar con espejitos bien relucientes pero que solo podrían buscar crear distractores ante el clima de nerviosismo que ha creado las recientes capturas a empresarios por evasión de impuestos. En la agenda de negociación no debe incluirse, por supuesto, ningún tipo de amnistía fiscal ni perdón a quienes hayan cometido delitos de evasión de impuestos. En estos casos debe dejarse actuar al sistema de justicia que haga su trabajo.

Este gobierno podría dejar a las futuras generaciones un sano sistema tributario que garantice el desarrollo sostenible del país, se apuntaría un hit que no han logrado los últimos gobiernos, o sea, sentar a los empresarios y en un clima de franco diálogo y discusión sana, comprometerlos a pagar más, bajo la promesa que ningún funcionario de turno (al menos no en este gobierno) dará un zarpazo a los recursos del estado.

El presidente Morales ha repetido muchas veces su famosa frase “ni corrupto, ni ladrón”, y quizá comience a hacerse realidad en la construcción de una nueva ética empresarial, tanto de grandes como de pequeños, que se traduzca en una transparente manera de tributar al estado, sin mañas, sin evasión de ninguna índole, y en la medida justa. No cabe duda que la honradez abre puertas y endereza los caminos torcidos.

No está demás, pedirle a la sociedad civil, sobre todo, aquellos grupos organizados que luchan por tener una Guatemala próspera y sin privilegios de ninguna índole,  que permanezca vigilante y participe como voz activa en esas discusiones que, si la retórica no engaña, podrían producir una nueva cultura tributaria.